Al pasar por el sector Santa Lucía, en Cumbayá, vecinos entregan papeles que contienen reclamos por la construcción de un nuevo proyecto habitacional de edificios de seis pisos y que albergan más de 500 departamentos.
Su molestia parte de la disminución de espacios verdes en la zona y de su preocupación por posibles problemas de movilidad en este punto, que está en el ingreso a Cumbayá y que ya sufre de congestión vehicular en horas pico.
El proyecto, según el Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda, Jacobo Herdoíza, cuenta con un Informe de Regulación Metropolitana y los certificados de conformidad que entregan las entidades colaboradoras. En este caso, se exploran posibles alternativas de accesibilidad para mitigar las condiciones del tránsito, a través de nuevas infraestructuras viales.
Al recorrer Cumbayá, Tumbaco y Calderón, todas zonas rurales del Distrito, ya no es extraño ver edificios de cinco o seis pisos. En la primera hay proyectos en marcha para la construcción de oficinas. De acuerdo con información del Colegio de Arquitectos, entidad colaboradora que procesa permisos de construcción, entre 2015 y 2017, en esos lugares se han aprobado 14 construcciones de edificios de esa altura y son las únicas áreas rurales en donde se registran estos casos.
En estas zonas, y en otras como Conocoto, se evidencia un crecimiento de servicios y de sitios de recreación. La oferta va desde nuevas vías, centros comerciales, pasando por universidades y también hospitales. Esto los ha convertido en puntos de mayor crecimiento frente a otras parroquias donde aún se conserva la tradicional construcción de casas de uno o de máximo tres pisos.
Según Herdoíza, existen dos normativas que permiten el crecimiento vertical en estas zonas: una que surge de ordenanzas que cambian el Plan de Uso y Ocupación de Suelo y otra que regula los Proyectos Urbanísticos Arquitectónicos Especiales. En la primera se pueden pedir medidas de mitigación por el impacto; en la otra se aumenta la ocupación del suelo a través de la concesión onerosa de derechos, que suele ser pagada, generalmente, a través de especies (obras).
Para enfrentar el problema, el concejal Carlos Páez (Alianza País) presentó en el 2014 un proyecto de ordenanza en la Comisión de Movilidad para regular los estudios de impacto en la movilidad de los proyectos urbanísticos. El tema está listo para ser tratado en primer debate en el Concejo.
Según Páez, un proyecto habitacional o de otro tipo tiene un impacto en la movilidad y es mejor analizar el tema en la planificación, para incorporar en los diseños las medidas de mitigación y así minimizar el efecto negativo y maximizar el desarrollo urbano. te
La ordenanza plantea un proceso sistemático y ordenado, que ponga reglas claras a los desarrolladores de proyectos y permita organizar las preocupaciones de los vecinos para mejorar los proyectos. “Es el reconocimiento de que un proyecto no funciona solo del cerramiento para adentro”, sino que puede incidir en el tránsito y en otros servicios, como las paradas del transporte público o las rutas para ciclistas, por ejemplo.
El presidente de la Comisión de Uso de Suelo, Sergio Garnica, afirma que es importante que el Municipio ponga atención permanente al tema de planificación, tomando en cuenta las dinámicas de crecimiento de la ciudad, no solo en el área urbana sino también en las zonas rurales.
Además, recuerda que una de las tareas que tiene Quito, en general, y más tras los lineamientos del Hábitat III, es propender al crecimiento vertical para densificar zonas y democratizar el suelo. En ese sentido, los edificios permiten ampliar las posibilidades de acceso a la viviendaEste contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:
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